"El secuestro de la Justicia", de Joaquim Bosch e Ignacio Escolar (2018)

Resumen del libro "El secuestro de la Justicia", de Joaquim Bosch e Ignacio Escolar (2018)

Resumen original y actualizado:
https://evpitasociologia.blogspot.com/2018/09/el-secuestro-de-la-justicia-de-joaquim.html

Resumen elaborado por E.V.Pita, doctor en Comunicación, licenciado en Derecho y Sociología

Sociología, sociología del Derecho, Administración de Justicia, corrupción

..................................................................................................................

Título: "El secuestro de la Justicia"

Subtítulo: Virtudes y problemas del sistema judicial

Autores: Joaquim Bosch e Ignacio Escolar

Publicación en español: Roca Editorial de Libros SL, Barcelona, 2018

Páginas: 237

..................................................................................................................

Biografía oficial de los autores (hasta 2018)

Joaquím Bosch (Cullera, Valencia, 1965) es magistrado. Ha desempeñado su actividad profesional en los juzgados de Barcelona, Denia, Vinaroz y Massamagrell. Actualmente es juez decano de Moncada (Valencia). Ha participado como ponente y director de numerosos congresos, cursos y actividades formativas de ámbito estatal e internacional. Colabora habitualmente en diversas publicaciones jurídicas y en la sección de opinión de varios medios de comunicación. También participa como experto y representante asociativo judicial en programas de televisión como Al Rojo Vivo de La Sexta, Espejo Público de Antena 3, El Intermedio de La Sexta o Las Mañanas de Cuatro. Entre 2012 y 2016 fue portavoz nacional de Juezas y Jueces para la Democracia. En la actualidad es portavoz territorial de esta asociación en la Comunidad Valenciana.

Ignacio Escolar (Burgos, 1975) es director del influyente periódico digital eldiario.es, del que fue fundador, y a lo largo de su carrera ha colaborado como analista político en muchos medios. Tras su paso por algunos diarios en papel y los Informativos de Telecinco, trabajó como consultor de prensa en Ecuador y México. A su regreso a España y tras una etapa en Telecinco, desempeñó la dirección adjunta de La Voz de Almería, desde donde comenzó a colaborar en la Ser y otros medios nacionales. Fue el primer director del diario Público y actualmente trabaja como analista político en La Sexta Noche o Al Rojo Vivo. Es también autor de varios ensayos y de la novela 31 noches.

..................................................................................................................

Texto de la contraportada

Joaquim Bosch (exportavoz de Juezas y Jueces para la Democracia) e Ignacio Escolar (director de eldiario.es) han unido fuerzas para escribir un libro necesario, incisivo y pedagógico sobre la justicia.

El sistema judicial está en crisis. Así lo denuncia esta reflexión crítica sobre un deterioro que tanto afecta a nuestra democracia. Es una escalada sin precedentes, las injerencias políticas son muy visibles, se concentran en la cúpula judicial y son especialmente peligrosas en los casos de corrupción.

Por otro lado, la ciudadanía percibe que las leyes no siempre son iguales para todos. Las maniobras que tratan de capturar las instituciones judiciales están relacionadas con un fenómeno más amplio: los intentos de secuestro de la justicia como valor. Por eso los autores también estudian, entre otras cosas, las injusticias que padecen las víctimas de violencia machista, y los que padecen abusos bancarios; los problemas en la aplicación de la prisión provisional; el drama de los refugiados; la falta de reparación de las víctimas del franquismo; la actuación de la justicia en el conflicto catalán y los crecientes recortes de libertades.

Pero El secuestro de la justicia es también una defensa de la magnífica base del sistema judicial, esa inmensa mayoría de los magistrados que no se ha dejado contaminar. Como los que llevaron los abusos bancarios a la jurisdicción europea y vencieron. O los que, sin medios suficientes, investigan la corrupción y ponen contra las cuerdas a políticos y a empresarios.

..................................................................................................................

ÍNDICE

Introducción.

1. Las dificultades de la justicia en la lucha contra la corrupción

2. Las injerencias del poder político en el sistema judicial

3. Garantías, presunción de inocencia, privaciones de libertad

4. Las entidades bancarias y los derechos de los consumidores

5. La actuación judicial en el conflicto catalán

6. La memoria democrática y la reparación a las víctimas del franquismo

7. Las carencias de la lucha contra la violencia de género

8. De la indeferencia hacia los refugiados a la criminalización de los inmigrantes

9. Los recortes de las libertades y las leyes mordaza

Conclusiones

..................................................................................................................

RESUMEN

El libro está escrito en formato respuestas, como si fuese una entrevista (pero sin preguntas). Cada autor (identificado con las iniciales) da su opinión. Se entiende que el libro se construyó en base a una grabación sobre lo que opinaban de cada tema.

Introducción

Los autores ven anormalidades en la arquitectura institucional, anomalías relevantes en el sistema judicial y en la separación de poderes. Sostienen que el poder político tiene herramientas para premiar y castigar, para promocionar a jueces que le son favorables y para castigar a quienes se salen del redil. Hay un reparto de palos y zanahorias. Ven una politización de la Justicia y la independencia no puede basarse en la heroicidad personal. Piden reformas urgentes.

Creen que ha habido cambios como el hecho de que las entidades bancarias que vencían en todos los pleitos y que gracias a una legislación favorable ahora deben esforzarse en litigar en condiciones de igualdad.

Capítulo 1.

Señalan que la oenegé Transparencia Internacional sitúa a España como país corrupto en caída libre, uno de los que tiene peores registros de la UE (a la altura de Bostwana). Los informes revelan una degradación progresiva de las instituciones. Calculan unas pérdidas de 48.000 euros anuales. Ven el cesto todo podrido porque el sistema está dañado en sitios clave. Por ello, piden cambios estructurales.

La razón sostienen es que son instrumentos para prevenir, perseguir y castigar la corrupción son insuficientes. Por ejemplo, las preventivas deben incluir medidas que impidan movimientos arbitrarios de dinero: transparencia en la contratación, supervisión efectiva de las actuaciones de la administración y amplias competencias para los técnicos en detrimento de los políticos. El derecho penal solo intimida si efectivamente castiga al corrupto (y además el Parlamento desestimó enducerer la pena a los corruptos a pesar de que elevó las penas a otros delitos; se endurecen las penas para los "robaperas", a los que roban por necesidad o a los toxicómanos) pero hay lentitud judicial por falsa de medios y normas procesales anacrónicas.

Una de las claves es definir el delito de "enriquecimiento ilícito en la función pública". Habría delito si el político es incapaz de explicar el origen de una gran fortuna obtenida durante su mandato. En España ocurre al revés, la Justicia debe probar que el origen de ese dinero es ilegal para que haya delito. Si un político aparece con millones en Suiza, no basta con que no sepa explicar de dónde vienen. El problema es que nadie se explica cómo algunos políticos han amasado enormes fortunas cuyo origen es sospechoso sin que no hayan saltado las alarmas en las instituciones.

Los autores examinan las dificultades de la justicia en la lucha contra la corrupción. Explican que la ley permite trocear o fraccionar contratos de obra pública muy cuantiosos en tramos inferiores a 200.000 euros, que se pueden otorgar sin concurso público sin concurrencia de ofertas y un límite de gasto de 60.000 euros para suministros y servicios, con la idea de agilizar todo el proceso. Pero, eso quiere decir que se están dando a dedo. Por eso, muchas carreteras se construyen por "tramos".  Un informe del Tribunal de Cuentas de la UE en el 2013 analizó lo que costaron construir carreteras en España, Polonia, Grecia y Alemania, que fueron los que recibieron más fondos.Los autores dicen que el kilómetro de carretera sale el doble de caro en España que en Alemania, a pesar de que los trabajadores españoles tienen salarios más bajos. Que España sea un país muy montañoso no basta para justificar el desfase de costes. Toda esta arquitectura legal da sensación de impunidad a los corruptos.

Otro problema legal que impide perseguir la corrupción es que muchas adjudicaciones van a parar a constructoras amigas que ofertan por debajo del mercado (para eliminar a la competencia) y luego practicar grandes modificaciones durante la ejecución por importes altísimos. Hubo una reforma de la nueva Ley de Contratos del Sector Público pero quedan rendijas para colar componendas. El resultado es que las obras no se realizan al precio más bajo sino al "precio de amigo". Ponen como ejemplo la M-30, que se adjudicó un 10 % más bajo de lo previsto por los técnicos pero luego se disparó un 50 %. La obra se fraccionó en 9 tramos distintos para evitar hacer el estudio de impacto medioambiental. El nivel de control de los sobrecostes y modificados es menor que en un concurso.

Técnica de la pizza: En el caso Gurtel, en Valencia, metían modificaciones falsas en el proyecto y, sobre esa modificación, el porcentaje de mordida era del 30%. Según un constructor, este sistema está generalizado en España. Y los datos de lo que se paga con la "pizza" son opacos.

Uno de los mayores fallos, dicen los autores, es la falta de fiscalización efectiva de los partidos y de las instituciones a través del Tribunal de Cuentas y de los organismos autonómicos. Acusan al Tribunal de Cuentas de no pillar ni un solo caso importante de financiación ilegal de partidos: ni se enteró de la Gürtel, ni la caja B del PP, del caso Palau, de Púnica, de Lezo, de Fundescam.... Los retrasos llevan un retraso de cinco años en las auditorías sobre la financiación de las campañas electorales. Lo atribuyen a que los integrantes del Tribunal de Cuentas se reparten en cuotas por loos partidos políticos, lo que no favorece su imparcialidad.

En el tema municipal o autonómico, el descontrol aparece con la figura del "asesor", un cargo de confianza designado desde el partido para ejercer funciones técnicas. Proponen que no intervengan en materia de contrataciones. 

Otra idea para eludir controles internos es semiprivatizar la gestión con empresas públicas o mixtas, o fundaciones (caso del Canal de Isabel II, una empresa municipal de Madrid que invertía en Colombia). También les resulta sospechosos los consensos que han favorecido esa tendencia a la privatización de tantos servicios públicos.

Los autores también analizan la idea de que robar "para el partido" es menos delito que robar para sí mismos. Replican que en ambos casos lo que se roba es dinero público y las víctimas son ciudadanos. Detrás ven la excusa para financiar los partidos a través de la corrupción y de dinero negro. El problema es que quien primero robaba para el partido, luego se quedaba algo para él como "comisión". Y que los dirigentes aleguen que no sabían nada del saqueo, también les parece grave.

Proponen como solución que se aumente la transparencia y la sociedad tenga acceso a los ingresos y gastos esenciales de los partidos políticos.

Otra solución es celebrar primarias para desmontar una estructura de partido corrupta. 

Explican que aunque los políticos con financiación ilegal compitan dopados a las elecciones, nadie las anula sino que el resultado se acepta.

Mencionan un libro de Ignacio Sánchez-Cuesta sobre La impotencia democrática (al valorar un estudio por índices de circulación de periódicos). También un estudio de el sueco Ro Rothstein que ve una correlación directa entre el nivel de educación en 1870 y la corrupción en el 2010.

También lamentan la falta de asunción de responsabilidades políticas que nada tiene que ver con la penal. Por eso, deberían haber más dimisiones sin esperar a una condena en firme.

Son conscientes de que la Justicia no cuenta con medios suficientes para llevar una instrucción en plazos razonables. Dice que España está a la cola europea en el número de jueces y a la cabeza en el número de corruptos. Añaden que las tramas delictivas cuentan con especialistas en ingeniería financiera para ocultar los beneficios obtenidos pero en los juzgados no hay peritos adscritos a esas materias ni la policía judicial tiene medios suficientes ni la Fiscalía bastantes recursos. Ven una falta de voluntad política. Proponen un pacto de Estado.

Capítulo 2

Los autores dicen que la independencia judicial en España está "bajo mínimos" aunque haya excepciones notables pero el problema es cómo está diseñado el sistema. Consideran que la separación de poderes en España es imperfecta, que hay una gran disfunción y que un gran partido en el Gobierno se dedicó a colonizar puestos sensibles en la Justicia poniendo a jueces con conexiones políticas (porque la legislación se lo permite y porque necesita ayudar a sus políticos imputados por corrupción). La separación de poderes implica un sistema de frenos, contrapesos y espacios de vigilancia institucional para evitar excesos ni abusos de poder. Y ven desequilibrios preocupantes cuando el poder político intenta instrumentalizar a los tribunales, cuando los órganos judiciales son presionados por un gobierno o cuando existe la percepción ciudadana de que hay situaciones de impunidad. "Las tentativas de secuestro de la Justicia que existen en España erosionan nuestro sistema instituciones y la separación de poderes", afirma Joaquim Bosch.

En este capítulo estudian las injerencias del poder político en el sistema judicial, siendo la más destacable la de poder nombrar o pactar al presidente del Consejo del Poder Judicial (el mismo que el Tribunal Supremo). Creen que los jueces no son un poder independiente porque dependen de los políticos. El juez señala que las leyes son telarañas que atrapan a las pobres moscas y dejan pasar a avispas y abejorros. Hay una sensación de impunidad entre los abejorros del poder político.

La cabeza de playa es el Consejo General del Poder Judicial, cuyos magistrados pueden ser nombrados por los partidos políticos. El CGPJ, que debe velar por la indepedencia judicial, puede mandar a "escarbar cebollinos" a un juez que moleste. Nombra a los magistrados y al presidente de las salas del Supremo y de los tribunales superiores de justicia de cada comunidad. Creen que los partidos han asumido el control sobre quién llega al CGPJ. Sus vocales gobiernan la Justicia e imponen disciplina al resto de los jueces. Por eso, los autores, creen que no es nada aconsejable que los vocales del CGPJ tengan conexiones políticas partidistas.

 La creación de la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional es otra pieza clave porque por allí pasarán importantes sentencias de la Audiencia Nacional sobre sumarios de corrupción. Un truco para colocar jueces amigos es filtrar por cursillos de especialidad penal que solo hicieron los jueces afines a un partido político. A ello se suma que los puestos clave de los grandes sumarios de corrupción no están en los pueblos pequeños sino en la Audiencia Nacional, debido a los aforamientos y sus especiales funciones.

Hacen una distinción entre ideología (cada uno tiene la suya) y la parcialidad (que sus creencias afecten a la resolución de casos de corrupción). Por eso ven bien apartar a los jueces que pudieran tener algún vínculo.

Otra queja es que los partidos pactan los cuatro nombramientos del Tribunal Constitucional a los que el Congreso  tiene derecho a colocar y a pesar de que los senadores deben examinar los méritos de los jueces candidatos, lo que acaba en pantomima. Ven una regresión porque antes los partidos se esforzaban en seleccionar a juristas notables por sus perfiles profesionales y alto nivel técnico pero ahora las cuotas políticas rebajaron el listón y los elegidos tienen menor prestigio que los independientes.

Las reformas de los políticos para controlar al CGPJ fue que en los años 70 y 80 la judicatura era muy conservadora y chocaba con el sentir de la sociedad, más progresista. El PSOE metió así a magistrados con sensibilidad democrática pero fue un parche porque abrió una puerta para que el PP controlase la Justicia. El principal argumento que dan es que a los jueces no los ha elegido nadie y a los senadores y diputados si. Y que el CGPJ depende de los ciudadanos pero, según los autores, es un argumento tramposo: el fin es controlar la justicia desde el poder político. Alegan que quieren evitar el corporativismo y que un poder del Estado debe ser democrático y que además los jueces son mayoritariamente conservadores. Pero los autores replican que los jueces no están para decidir los presupuestos del Estado ni imponer una ideología a la sociedad ni nombrar al ministro de Justicia sino para aplicar las leyes y proteger la independencia judicial.

Concluyen que el CGPJ funciona como un miniparlamento que nombra a los magistrados de todas las salas del Tribunal Supremo, a los de salas civiles y penales de los tribunales superiores, al presidente de la Audiencia Nacional y los de sus salas y "colar" a jueces en puestos clave en situaciones excepcionales (por cargas de trabajo) sin pasar por un concurso interno de antigüedad. Esos lazos políticos no dan mucha sensación de neutralidad. El peso de la política, afirman, se nota en los niveles superiores en los tribunales (por donde pasan los aforados). 

Este sistema impide que los más preparados técnicamente o con méritos alcancen puestos en altos tribunales porque allí los nombramientos son discrecionales, según dicen los autores. Todo esto genera desconfianza en los ciudadanos.

Sostienen que tal como está diseñado el CGPJ, se producen un mercadeo de cromos entre los dos partidos mayoritarios y aseguran que en los últimos años hay un "rodillo" conservador en el CGPJ (porque un partido fuera del gobierno controla el Senado). Creen que todo esto debería "intranquilizarnos" por lo que supura de manipulación política e instrumento partidista. Diversos informes europeos como el Greco alertan de que hay que reformar el tema de los nombramientos de jueces.

Otro lugar clave es la Audiencia Nacional (antiguo Tribunal de Orden Público) que estudia casos de terrorismo, corrupción y delincuencia económica. Está todo muy centralizado, lo que le interesa a los políticos. Seis jueces centrales llevan las grandes investigaciones, por lo que sus ascensos y promociones son muy fáciles de controlar por los políticos, al menos sí hay el riesgo de que esto ocurra. Incluso "activan" a jueces de enlace de la Audiencia que llevan décadas destinados en las embajadas en el extranjero donde tenían supersueldos.

Sugieren que los casos de corrupción se repartan entre cientos de juzgados para eludir la influencia política (ponen como ejemplo el caso Noos por un juez no especializado en Mallorca).

Todo truco de los políticos es "activar" a un juez cercano para que solicite ciertas plazas en la Audiencia Nacional, un destino muy duro para un juez ordinario.